El fútbol español ha sufrido un ataque frontal desde la promulgación del Real Decreto-ley 5/2015 de derechos audiovisuales del fútbol profesional. Hacía tiempo que no leíamos y escuchábamos más mentiras para legalizar el gran negocio de los productores televisivos que, al final, quizá sea sólo uno y amigo del Secretario de Estado para el Deporte.

La expropiación de los derechos sufrida por la RFEF así como el ordeno y mando de a quién se debe dar dinero y en qué cantidad, desde un  gobierno que se dice liberal, suenan al más duro de los intervencionismos. Apoyados en el egoísmo de unos pocos que dirigen el fútbol de los ricos, el CSD ha perpetrado una de las mayores barbaridades que se recuerdan y, lo que es peor, convencidos de ser los más listos de su portal.

Destrozar las ilusiones de los directivos humildes que sostienen el fútbol formativo quitándoles las subvenciones y procurando su asfixia, machacar las ilusiones de los niños que aspiran a ser estrellas y pensar sólo en la venganza personal no es propio de un político democrático.

El CSD ha despreciado a la RFEF y la ha aislado de todas las operaciones con el atrevimiento a mayores de acusarla de no querer estar en los sitios. Trampas constantes precedieron al navajazo vía BOE hacia un amplio sector del fútbol español, al que le han quitado su dinero por decreto.

Nunca es bueno legislar desde la prepotencia ni convertir a los ricos en más ricos y a los pobres en más pobres. Eso es lo que ha hecho Miguel Cardenal con sus compañeros de viaje. Unos muy amigos y otros muy interesados. Pobre fútbol español.